23 agosto, 2010
Con la intención de recuperar, como se ha dicho, el apoyo de la derecha francesa, el Presidente Nicholas Sarkozy busca la aprobación de una nueva legislación para postergar la edad de jubilación, aumentando los aportes de jubilación de los trabajadores del sector público de Francia. Los sindicatos se preparan para realizar una huelga nacional de protesta el día 7 de septiembre.
El 22 de julio, el comité de asuntos sociales de la Asamblea Nacional votó a favor del proyecto de ley, permitiendo así que el 7 de septiembre esta iniciativa pase a debate plenario en la cámara inferior de Francia, y en el Senado, en octubre. Con la Ley señalada, la edad de jubilación aumentaría, de 60 a 62 años en 2018, y aumentaría a 41,5 los años de cuotas que pagarían los trabajadores antes de recibir una pensión de jubilación completa.
Recientemente, a los bajos niveles de apoyo que registró Sarkozy en los sondeos de la opinión pública, se han agregado las acusaciones sobre abusos financieros de Eric Woerth, quien anteriormente fuera principal encargado de recaudación de fondos del partido UMP. Se le acusa de haber aceptado fondos políticos ilegales de Liliane Bettencourt, heredera de L’Oréal. Como el Presidente busca reelección en 2012, si se derrota su proyecto de ley de reforma de las pensiones, se conservarían las condiciones laborales de los trabajadores, también se perjudicarían significativamente las posibilidades de éxito electoral del UMP, partido derechista de Sarkozy.
La movilización masiva que están organizando los sindicatos franceses coincidirá con la Sesión Plenaria de la Cámara baja donde se debatirá el proyecto de ley sobre las pensiones. Con esta iniciativa sindical se quiere combatir enérgicamente las señaladas reformas del sistema de pensiones, y también de este modo se defienden los puestos de trabajo, exigiendo que el gobierno tome medidas a favor de la recuperación económica.
La FCE-CFDT, sindicato francés afiliado a la ICEM, ha calificado la reforma del sistema de pensiones y otras medidas de austeridad del gobierno como “vectores de injusticia social”, agregando que es inaceptable cargar en los hombros de los empleados, tanto del sector público como del privado, todo el peso financiero de la baja económica.