15 febrero, 2007
Señor Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Palacio Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Bogotá
Por Fax: ++57-1-337.58.90 y
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15 de febrero de 2007
Excmo. Sr. Presidente:
Nos dirigimos a Vd. en relación con dos recientes desastres que han tenido lugar en minas de carbón de Colombia y que se han cobrado la vida de más de 40 personas.
Como ya sabe, la primera catástrofe, la peor de este tipo que ha vivido Colombia en 30 años, se produjo el 3 de febrero, en las Minas San Roque y La Preciosa en Sardinata, departamento de Norte de Santander. Treinta y dos mineros perdieron la vida en esta tragedia. Usted mismo visitó personalmente el lugar tras la explosión.
Aunque indicó que se llevaría a cabo una investigación completa de los hechos, no ha mencionado nada públicamente sobre los fallos subyacentes de seguridad y otros problemas que abundan en la industria minera colombiana.
Apenas dos días después de su visita, otra tragedia sacudió una mina en Gámeza, departamento de Boyacá. En esa ocasión, perdieron la vida 8 personas, incluyendo un muchacho de 13 años que trabajaba en la extracción de carbón. La mina de Gámeza operaba de forma ilegal.
En momentos en que existe una alta demanda de carbón, y cuando la situación del mercado empuja los precios a la alza hasta alcanzar niveles sin precedentes, la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) en representación de sus 20 millones de miembros, y la Confederación Sindical Internacional (CSI) en nombre de sus 168 millones de miembros, se muestran profundamente preocupadas por la ineficacia o la inexistencia de medidas de seguridad que han provocado estos accidentes.
En este contexto, condenamos la política de su gobierno de debilitar el papel del Estado en el proceso de control y verificación de las condiciones de trabajo en las minas. A través de nuestras afiliadas, hemos sido informados del resultante declive tanto en la cantidad como en la calidad de las inspecciones laborales. Este hecho resulta particularmente alarmante teniendo en cuenta que Colombia ha ratificado el Convenio No. 81 de la OIT sobre Inspecciones del Trabajo.
Tenemos entendido además que, a excepción de las grandes empresas mineras internacionales, que operan vastos negocios de minerales destinados a la exportación en su país, el nivel de medios técnicos y otros dispositivos modernos de seguridad resulta totalmente inadecuado en la mayor parte de las minas subterráneas colombianas, incluyendo muchas que funcionan de manera ilegal.
Pensamos que incumbe a su gobierno gran parte de la responsabilidad, dado que los fallos de seguridad en la industria minera son resultado de problemas estructurales que requieren la atención del gobierno.
Instamos pues a su gobierno a asumir un papel decisorio a este respecto. Constatamos que Colombia ha ratificado el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) No. 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores; pero constatamos igualmente que Colombia no ha ratificado ni el Convenio No. 176 sobre seguridad y salud en las minas, ni el Convenio No. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores.
Exhortamos por tanto al gobierno de Colombia a iniciar cuanto antes el proceso de ratificación de los Convenios No. 155 y No. 176. Y le exhortamos a usted, en tanto que líder de la economía industrial en crecimiento en que se ha convertido Colombia, a encabezar este esfuerzo.
Por último, reafirmamos que el derecho a un entorno laboral sano y seguro es un derecho inherente a todos los trabajadores. Es responsabilidad de los gobiernos garantizarlo.
Quedamos a la espera de sus comentarios respecto a esta importante cuestión,
Atentamente,
Manfred Warda
Secretario General ICEM
Guy Ryder
Secretario General CSI
Cc: Embajada de Colombia en Bruselas,
Organización Internacional del Trabajo
Consejo Internacional de Minería y Metales