14 marzo, 2011
En noviembre y diciembre de 2010, los mineros de Collahuasi, Chile, obtuvieron una victoria histórica con una huelga contra la tercera empresa de minería del cobre del mundo. Ahora la administración local ha presentado una demanda legal para tratar de aplastar al sindicato. Esta huelga de 32 días fue la más prolongada que se ha registrado en el sector privado del cobre de Chile.
El convenio, que fue aprobado el 6 de diciembre por una votación de 521 contra 398, otorgó a 1.551 mineros un aumento salarial del 16,3%, y una prima de US$25.160, además de otros logros en materia de vivienda, educación, y salud. Manuel Muñoz, Presidente del sindicato, dijo en esa oportunidad que a consecuencia del convenio las prestaciones mensuales aumentarían en 120.000 pesos, o US$252 al mes.
Los mineros de Collahuasi, durante la huelga
Es evidente que la administración de la empresa considera que este precio es demasiado alto, ya que su ataque en los tribunales la semana pasada hace muy difícil para los dirigentes actuales del sindicato seguir representando efectivamente a los trabajadores. En 2009, la empresa logró ganancias netas de US$1.56 billones.
La acusación criminal de la empresa contra los dirigentes sindicales Manuel Muñoz, Juan Barraza, Loncol Espinoza, Victor Cubillos, Cristian Arancibia, Carlos Rojas, y Jaqueline Cerda, señala que bajo los artículos 417 y 418 del código penal de Chile, a dichos sindicalistas se les culpa de difamación contra la empresa por unas declaraciones que el año pasado, durante el conflicto, ofrecieran a un periódico en línea e impreso Seis de Mayo Atipaña, por cuyo supuesto delito deberían pagar tres años de cárcel.
La mina de cobre de Collahuasi, situada en el desierto de Atacama de la I Región Norte de Chile, a unos 285 kilómetros del puerto de Iquique, es propiedad conjunta de las empresas multinacionales Xtrata y AngloAmerica, que tienen una participación del 44% cada una. El otro 12% es propiedad de Mitsui del Japón.
Se destaca la hipocresía de estas acusaciones al considerar la fuerte campaña de calumnia que realizara la empresa durante el conflicto, y las ofertas ilegales de coimas a los trabajadores para convencerles que abandonaran el sindicato, estrategias que son claramente ilegales.