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18 marzo, 2021La Cooperativa trabajadores de Aceros del Paraguay (Cootrapar Ltda.) denuncia que el Estado quiere expropiarles ilegítimamente y sin argumentos un inmueble que les pertenece. Aseguran que se trata de una acción en represalia por denunciar conductas ilícitas.
Los trabajadores de Cootrapar desarrollan acciones preliminares frente al poder legislativo y al poder ejecutivo para evidenciar que el Estado paraguayo pretende la expropiación ilegítima de la Reserva sagrado corazón de Jesús, que es de su propiedad privada.
Aseguran que en dicha expropiación, decretada en enero por la ley 6671/2020, el Estado no justifica la causa o motivación, ni por qué sería de interés público o de utilidad social, tratándose así de una arbitrariedad. Desde su punto de vista, el objetivo final es “dar defunción política, jurídica e ideológica a un grupo de trabajadores metalúrgicos.”
Cootrapar fue liquidada, disuelta y cancelada su personería jurídica a partir de una resolución del Instituto nacional de cooperativismo (Incoop) de 2017. Los trabajadores consideran que dicha resolución de liquidación fue inconstitucional, tomada de espaldas a lo que prescribe la Constitución y las leyes cooperativas, además en violación al derecho a la defensa.
Explican que, una vez liquidado sus activos, los socios de la Cooperativa tienen derecho a recuperar el valor económico de sus aportes y de ser beneficiados por el saldo restante, incluyendo el inmueble expropiado. Dicen que este derecho está regulado y dispuesto en el artículo 99 de la Ley 438/94 de Cooperativas, el cual también garantiza el previo pago de una justa indemnización, algo que nunca percibieron.
Aceros del Paraguay (Acepar) fue una empresa pública hasta que el consorcio privado Cosipar la compró en 1997, conformado el 66,66% de las acciones por empresarios de Cerro Lorito SA y el 33,33% de las acciones por los trabajadores de Cootrapar. Los trabajadores señalan que están siendo castigados por ser los únicos denunciantes de los abusos en Acepar.
Desde 2002 denuncian un abuso sistémico del socio Cerro Lorito SA. (en acuerdo con el Estado) contra los derechos laborales del consorcio de obreros empresarios, por emprender una lucha contra la corrupción y el vaciamiento fraudulento de Acepar.
Indican que el Grupo Cerro Lorito SA. tenía técnicas reprochables de lucro inmoral (a expensas del Estado paraguayo) y procedía a despedir masivamente a quienes acusaban a los gerentes por labores punibles.
El presidente de Cootrapar Ltda., Hugo González Chirico, dijo:
“El problema de fondo es que los trabajadores rechazamos ser cómplices. Tenemos una lucha contra la inconducta del Estado paraguayo porque protege, oculta y calla el lavado de dinero que hubo a través de la siderurgia Acepar.
Además, reprime a los trabajadores por denunciar este lavado. Ese hecho grave generó la quiebra de una empresa que daba sustento a mas de 2500 familias.”
González Chirico lamenta que el Estado paraguayo no atendiera ni respondiera seriamente a las reiteradas denuncias de Cootrapar. En su lugar, permitió el despido injustificado de más de 250 trabajadores y que la industria estuviera parada por más de 3 años “por angurria económica de la colusión pública privada”.
Por su parte, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, expresó:
“Nos solidarizamos y apoyamos a los compañeros de Cootrapar. Lamentamos la intervención del Estado de Paraguay en la organización de los trabajadores, asi como el saqueo de sus derechos y bienes.
Esperamos que tanto el gobierno como el estado actúen para que se respete la Constitución y se devuelva lo que legítimamente es de pertenencia de los trabajadores.”
Fotos de la nota: cortesía de Hugo González Chirico