1 septiembre, 2017El Presidente francés, Emmanuel Macron, enfrenta una dura lucha con los sindicatos después de la introducción de sus "reformas" de la legislación laboral.
Hoy, el gobierno de Francia dio a conocer detalles de una nueva legislación destinada a "liberalizar" las relaciones laborales. La nueva ley facilita el despido de trabajadores, y permite a las empresas el uso de acuerdos locales para pasar por alto los convenios colectivos nacionales.
El Presidente Macron, que en mayo logró una contundente victoria electoral contra la opositora de la extrema derecha Marine le Pen, ha afirmado que la ley actual constituye un obstáculo para las empresas francesas. Durante su campaña electoral, afirmó que las restricciones que impone la legislación laboral son la causa de la tasa de desempleo de casi un 10%.
Sin embargo, los sindicatos no están de acuerdo con los planes del gobierno: al contrario, consideran que no se crearán empleos al hacer más fácil el despido de trabajadores. La tasa de desempleo es resultado de la crisis financiera y de las políticas de austeridad que sobrevinieron después. La nueva legislación laboral dejará a muchos trabajadores, especialmente a los jóvenes, en condiciones de trabajo precario, aumentando así la desigualdad.
Esta nueva legislación laboral francesa surge dentro del contexto hostil contra los derechos sindicales que se registra en todo el mundo, incluyendo en Bangladesh, Brasil, Argentina, India, Perú, Polonia y el Reino Unido.
El objetivo principal de la nueva ley es reemplazar la negociación colectiva sectorial por acuerdos locales. En las empresas más pequeñas, estos acuerdos se pueden establecer sin representación sindical en el proceso, debilitando así las normas laborales vigentes que se han logrado a nivel nacional. Estos acuerdos locales podrán introducir contratos a corto plazo y eventuales.
Un aspecto muy grave de esta situación es que Macron haya introducido la nueva ley laboral por decreto, que luego debe ser ratificado por el parlamento, en lugar de someterlo por vía de un proceso democrático en cuyo curso se podría reducir su impacto.
Francia cuenta con cinco confederaciones sindicales, de las cuales cuatro tienen miembros afiliados a IndustriALL Global Union. Todos los sindicatos consideran que la ley laboral de Macron reduce el poder de los trabajadores, aunque entre ellos se han manifestado diversas maneras de enfrentar este desafío. Algunos sindicatos piensan que la nueva ley tiene algunos aspectos positivos.
La Confédération Générale du Travail (CGT), que fuera históricamente la federación más influyente, pero que ya no es la federación más grande, se opuso firmemente, desde el inicio, a la nueva legislación laboral. La CGT convocó una huelga general y movilizaciones para el día 12 de septiembre. Como la CGT es fuerte en muchos sectores clave, incluidos el transporte, la energía y manufactura, es probable que la huelga tenga un impacto significativo.
Por su parte, Boris Plazzi de la FTM-CGT, organización afiliada a IndustriALL, señaló:
“La nueva legislación laboral es un ataque sin precedentes contra los derechos de los trabajadores y contra nuestro modelo social. Es evidente cuál es el objetivo: destruir los derechos colectivos e introducir relaciones basadas en contratos individuales entre el trabajador y el empleador.
“Es un ataque contra los sindicatos. Macron está creando un modelo de dumping social que afectará a todos los trabajadores y sindicatos en Europa y en todo el mundo. Es un ataque contra el 99% de la población”.
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) y Force Ouvrière (FO) no se opusieron a todos los aspectos del nuevo Código de Trabajo, y esperaban que, mediante consultación, pudieran tener una influencia constructiva. Consideran que ya se han logrado algunas concesiones.
La FO afirmó que a pesar de varios meses de consultación intensiva, hubo muchos puntos en que existía disconformidad con el documento final. Sin embargo, también se registraron algunos éxitos:
“Hemos logrado resistir una serie de disposiciones gubernamentales o de la parte empresarial”, dijo la federación.
La CFDT cree que es necesaria alguna reforma laboral, debido a los cambios de producción en la economía. En lugar de proteger el empleo para toda la vida, los sindicatos pueden lograr "seguridad flexible" que les permita el readiestramiento y otros mecanismos de una Transición Justa.
Sin embargo, esta nueva ley constituye una oportunidad perdida: la CFDT cree que ha aumentado el poder unilateral de los empleadores. En una entrevista con Le Monde, Laurent Berger de la CFDT afirmó:
“Consideramos que este resultado es lamentable. Fueron pocas las propuestas de nuestra parte que fueron aceptadas. Creemos que hay un reconocimiento insignificante de la presencia sindical, sin ofrecerle los medios para funcionar.
“El gobierno falló. Se perdió una oportunidad para reforzar el diálogo social. Por el contrario, esta legislación es perjudicial para los trabajadores”.
La CFE-GCG coincidió con esta opinión:
“El proyecto original, que era simplificar el código laboral y promover mayor empleo, se desbarató en el camino. En cambio, nos enfrentamos ahora a una reforma ideológica que no creará empleos. Esta es otra reforma liberal que aumentará la precariedad y el dumping social.
“La CFE-CGC lamenta enormemente que la mayoría de las medidas se centren en la desregulación. ¿Dónde están las disposiciones para la seguridad laboral de los trabajadores y medidas adecuadas para infundir vigor a las empresas? Este documento no facilita acceso al mercado laboral: ¡más bien facilita la salida de ese mercado!”
La nueva ley laboral de Macron se basa en una ley introducida por la anterior Ministra del Trabajo, Myriam El-Khomri, a la cual los sindicatos también se habían opuesto enérgicamente. La CGT y la FO presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo en relación a violaciones de los Convenios 87, 98 y 158.
A pesar de la victoria de Macron, tiene poco apoyo popular, y se han venido bajando sus tasas de aprobación. La nueva ley laboral pondrá a prueba el apoyo público a sus políticas. Los decretos no se convertirán en ley hasta que sean aprobados por el parlamento, lo que debe ocurrir dentro de seis meses. Los sindicatos se movilizarán en las próximas semanas para impedir o influir a su favor en este proceso.
Por su parte, Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, acotó:
“Nuestros afiliados han adoptado diversos enfoques ante la legislación laboral, reflejo del mandato que tienen de sus miembros.
“Creemos que esta combinación de tácticas, de huelgas y negociaciones, enviará un mensaje claro al gobierno francés, señalando que la nueva legislación socavará los derechos de los trabajadores, y no beneficia la economía.
"La historia demuestra que lo que atrae inversiones, y por lo tanto empleo, es un mercado consumidor dinámico. Esto se produce a través de convenios colectivos que resultan en trabajadores con buena remuneración, y no por vía de legislación que disminuye el poder sindical”.