16 diciembre, 2020El 30 de noviembre, sindicalistas de todo el mundo participaron en un día de acción mundial por Filipinas, en el que realizaron manifestaciones en las calles y en las embajadas filipinas para exigir al presidente Rodrigo Duterte que ponga fin a la represión y al asesinato de sindicalistas. El gobierno filipino respondió arrestando a seis sindicalistas y un periodista el 10 de diciembre.
En primer lugar, los sindicatos de todo el mundo se movilizaron el 10 de diciembre de 2019, Día Internacional de los Derechos Humanos, para exigir que el gobierno filipino ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales y al red-tagging (literalmente “etiquetado rojo”) de activistas laborales y de derechos humanos. Sin embargo, esta práctica de red-tagging —el hostigamiento y la inclusión en una lista negra de personas o grupos que se consideran insuficientemente leales al gobierno— no ha cesado.
Se ha acusado a legisladores del bloque progresista de ser miembros del Partido Comunista, así como se han producido asesinatos recientes de personas que supuestamente pertenecían a un grupo militante.
El 30 de noviembre, el Consejo Global Unions (CGU) impulsó un día mundial de acción por Filipinas para exigir que el gobierno de este país ponga fin a la intimidación, que los autores de las ejecuciones extrajudiciales se hagan responsables y que se anule la ley antiterrorista. Sindicalistas de todo el mundo participaron en esta jornada.
En Filipinas, los afiliados de IndustriALL participaron en una manifestación masiva en la Universidad de Filipinas, en la ciudad de Quezon. A su vez, le escribirán al secretario de Trabajo para solicitar que interceda ante la oficina del presidente para aceptar una misión tripartita de alto nivel.
30 de noviembre en Filipinas
Mary Ann Castillo, portavoz de la Alianza de Trabajadores Metalúrgicos de Filipinas (MWAP), expresó:
“Condenamos la represión sindical generalizada en el país. Nuestro sindicato en Nexperia también se convirtió en una víctima de la práctica de etiquetado rojo e inclusión en una lista de terroristas en Laguna. El sindicalismo no es un delito, el derecho de los trabajadores a unirse al sindicato debe protegerse”.
Los vicepresidentes de la Alianza Filipina de Trabajadores Metalúrgicos (PMA), Narciso Lozano y Joseph Bo, afirmaron:
“La ley antiterrorista tiene que ser descartada, ya que restringirá aún más el derecho de los trabajadores a ejercer su derecho a organizarse, proporcionar el sustento a sus familias y proteger su seguridad y sus puestos de trabajo”.
Solidaridad desde Sídney
Andrew Dettmer, el presidente nacional del Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura (AMWU), declaró:
“Hemos coordinado con otros sindicatos para organizar manifestaciones en embajadas u oficinas consulares de Filipinas en Sídney, Canberra y Perth. Nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras en Filipinas en su lucha contra la represión”.
Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL Global Union, declaró:
“Se está utilizando la ley antiterrorista para perseguir a los sindicalistas y activistas. Debemos presionar al gobierno con respecto a la cuestión de los acuerdos comerciales preferenciales para lograr que deje en paz a los sindicatos”.
Los afiliados de IndustriALL en Camboya, Indonesia, Japón, Corea y Malasia también se unieron a una campaña en las redes sociales en el día mundial de acción por Filipinas.
Solidaridad desde Corea
La respuesta del gobierno filipino fue brutal: el 10 de diciembre de 2020, las fuerzas del orden arrestaron a seis activistas sindicales y a un periodista.
El CGU condenó la medida y exigió la liberación inmediata de los detenidos y que se retiren todos los cargos contra ellos:
“Los activistas sindicales están siendo criminalizados, arrestados y detenidos ilegalmente: esta es la forma que tiene el gobierno de impedirles organizar a los trabajadores en sindicatos y asociaciones, así como privarlos de su libertad de pensamiento y de expresión tal como se refleja en sus actividades con los trabajadores. La intensificación de la represión está dirigida, precisamente, a sofocar la disidencia y la acción organizada del pueblo. Los asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos, como una forma de infundir miedo y silenciar a la población, no han cesado”.