18 junio, 2015El gobierno de México debería cambiar la legislación nacional para impedir el registro de “sindicatos de protección” que no representan a la mayoría de los trabajadores, así lo dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En efecto, México fue uno de los 24 países preseleccionados para análisis, en Ginebra a principios de este mes, por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, por no aplicar el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
En las conclusiones, aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT y la Comisión de Aplicación de Normas, se pidió al gobierno mexicano que:
- identifique, en consulta con los interlocutores sociales, las reformas legislativas adicionales a la reforma laboral de 2012 que sean necesarias para dar cumplimiento al Convenio núm. 87. Lo anterior incluye reformas que impidan el registro de sindicatos que no demuestren el apoyo de la mayoría de los trabajadores que pretenden representar a través de un proceso de elección democrático (es decir, los llamados sindicatos de protección);
- comunique una memoria sobre los avances para cumplir con estas recomendaciones antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos (noviembre de 2015)
La Comisión solicitó al gobierno de México se cumpla sin demora con la obligación legal de las juntas de conciliación y arbitraje de los 31 estados del país de publicar los registros y estatutos sindicales, y aceptar la asistencia técnica de la OIT para abordar las cuestiones mencionadas en estas recomendaciones.
Los miembros empleadores y representantes del gobierno de México que participaron en la reunión de la OIT trataron de poner énfasis en los avances alcanzados en relación con la nueva Ley del Trabajo de ese país y la supuesta transparencia de los convenios colectivos. Sin embargo, los delegados de IndustriALL Global Union y los trabajadores denunciaron enérgicamente las violaciones diarias e institucionales de los derechos de los trabajadores por parte de los tribunales locales y federales del trabajo, indicando además que, lamentablemente, “el sistema criminal y corrupto de las relaciones laborales conocido como Contratos de Protección sigue aumentando en todos los sectores”.
Ejemplos de graves violaciones al derecho de libertad sindical fueron mencionados en relación con Los Mineros, sindicato mexicano afiliado a IndustriALL, y su lucha para lograr elecciones sindicales democráticas en una planta de PKC, multinacional finlandesa que fabrica componentes para automóviles en Ciudad Acuña; igualmente, Los Mineros realizan campañas en favor de elecciones sindicales democráticas en la planta de Gunderson, fábrica de vagones de ferrocarril situada en Monclova, y también en CB&I, fabricante de tubos de acero ubicado en Matamoros; también se combate la criminalización sistemática de los trabajadores que son despedidos y luego llevados a los tribunales por las empresas, como en el caso de Sandak/Bata, y de los trabajadores del sindicato STRACC y del STUHM en Honda-Jalisco.
Una trabajadora miembro de la Comisión, proveniente de la confederación sindical finlandesa, SAK, se refirió a la situación en Arneses y Accesorios de México, en Ciudad Acuña, (caso PKC), indicando que en México, la legislación nacional se utiliza como pretexto para socavar las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Ella instó al gobierno a cumplir con sus obligaciones en conformidad con el Convenio núm. 87.
Se citó el caso de los trabajadores agrícolas en San Quintín, que luchan contra los contratos de protección para superar condiciones laborales de esclavitud y el trabajo infantil. La representante gubernamental de los Estados Unidos apoyó el planteamiento de IndustriALL, exigiendo explícitamente que el gobierno de México tome medidas serias para corregir la estructura de las juntas locales de conciliación y arbitraje, ofreciéndoles representación que incluya adecuadamente a todos los trabajadores, abordando de forma apropiada la presencia continuada de sindicatos de protección, lo que viola el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.
Por su parte, Fernando Lopes, Secretario General Adjunto de IndustriALL, afirmó: “Las recomendaciones de la OIT constituyen un buen avance, pero continuaremos presionando al gobierno de México para que respete el derecho a la libertad sindical y trabajo decente para nuestros afiliados y para todos los trabajadores mexicanos”.