24 enero, 2013La IndustriALL Global Union se une a la CSI y a las Federaciones Sindicales Internacionales en la condena del Decreto sobre los partidos políticos de Fiji, destinado a eliminar a los partidos políticos de oposición existentes y a evitar que se registren otros.
El decreto (Decreto 4 de 2013), publicado el 15 de enero de 2013, inmediatamente después de que el régimen militar descartara un nuevo proyecto de constitución, que fue el producto de un proceso de consulta popular, es la afrenta más reciente a los principios democráticos y a los derechos sindicales.
Lo que es aún más preocupante es que el decreto excluye a todos los funcionarios públicos de solicitar, ser miembros u ocupar un cargo en un partido político. El Artículo 14.2, d) defines el “funcionario público” para incluir a todo dirigente sindical elegido o designado.
No es casual que el decreto se publicara apenas unos días después de que el Fiji Trades Union Congress (FTUC) celebrara una reunión especial de delegados para crear un nuevo partido político de oposición, que incluiría a los sindicatos. Aunque parezca increíble, según el Artículo 14.1, c), un dirigente sindical no puede siquiera expresar su apoyo a un partido político.
Si un dirigente sindical solicita ser miembro o dirigente de un partido, se considerará que renuncia a su cargo sindical. A todo el que se oponga a este decreto se le puede imponer una multa 50.000 $ o condenar a 5 años de prisión, o ambas cosas.
“El régimen trata una vez más de silenciar a la mayor organización de la sociedad civil y fuerza de la oposición del país: el movimiento sindical. La comunidad internacional tiene que reconocer que la promesa de elecciones en 2014 carecerá de sentido si no pueden participar plenamente en el proceso político todos los ciudadanos de Fiji. Este decreto debe eliminar toda duda de que el régimen trata de que se le elija en 2014 por todos los medios necesarios”, explicó Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Al parecer, con el decreto se trata también de eliminar muchos de los partidos existentes. Los partidos dispondrán de menos de un mes a partir de la fecha de publicación del decreto, para demostrar que tienen, como mínimo, 5.000 miembros (frente a 128), que deben provenir de las cuatro divisiones del país, y pagar una cuota de 5,005 $.
El decreto regula incluso la longitud del nombre, y prohíbe toda denominación del partido en el idioma indígena del país. El régimen incautará todos los bienes de los partidos que no cumplan este plazo. Si siguen actuando como partido político a pesar de no cumplir los nuevos criterios, a los dirigentes del partido se les podrá imponer una multa de 50.000 $ o condenar a 5 años de prisión, o ambas cosas.
“El decreto viola claramente los principios de libertad sindical, al prohibir a los sindicatos intervenir en actividades políticas para la promoción de sus objetivos sindicales. Todas las personas y todos los grupos que deseen formar un partido político deben poder hacerlo, sobre la base del principio de igualdad de trato ante la ley. Evidentemente, el decreto no pasa esta prueba”, declaró Ambet Yuson, presidente del Comité de Sindicatos Mundiales, que agrupa a las Federaciones Sindicales Internacionales, la CSI y la CSA.