16 junio, 2016En la Conferencia Internacional del Trabajo 2016 realizada en Ginebra, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT oyó testimonios de trabajadores de todo el mundo que enfrentan un aumento de la represión y dificultades en el ejercicio de sus derechos consagrados en los convenios de la OIT.
En junio de este año, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT (CAS) estudió varios reclamos sobre violaciones de los derechos de los trabajadores, con especial énfasis en países como Bangladés, Indonesia, Camboya y México.
Los representantes de los sindicatos de Bangladés informaron a la Comisión que, si bien se ha avanzado en cuanto a mejorar la seguridad en el importante sector de la confección, la libertad de sindicación sigue siendo un problema.
En el período inmediatamente posterior a la tragedia de Rana Plaza en 2013, se registraron muchos nuevos sindicatos en el sector de la confección de Bangladés. En los últimos dos años, el proceso de legalización de los sindicatos ha llegado a ser cada vez más difícil, ya que en este período se ha rechazado aproximadamente un 70% de los nuevos registros, especialmente los que presentan los sindicatos independientes.
Apoorva Kaiwar, Secretaria Regional de IndustriALL, informó a la Comisión de Aplicación de Normas que debido a las agresivas medidas antisindicales que está aplicando la administración empresarial, se ha reducido el número de sindicatos activos, dejando a los trabajadores indefensos ante las empresas. Además, los sindicatos están totalmente prohibidos en las zonas francas industriales de Bangladés.
A consecuencia del antisindicalismo cada vez mayor en el país y la debilidad de las medidas tomadas por el gobierno para garantizar los derechos de los trabajadores en virtud del Convenio 87 de la OIT sobre libertad de asociación y el derecho de sindicación, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT agregó Bangladés a su "lista negra" de países que van a ser examinados bajo el “párrafo especial”.
Los representantes de los trabajadores/as de Indonesia declararon sobre los violentos ataques que habían realizado la policía y matones armados contra los trabajadores.
Prihanani Boenadi, de FSPMI, organización afiliada a IndustriALL, hizo un llamado al gobierno para que ponga fin a la violación de los derechos de los trabajadores y que las fuerzas de seguridad nacional no se usen para suprimir el derecho a la libertad de asociación, como ocurrió en noviembre de 2015, cuando 25 manifestantes fueron detenidos en Yakarta por haber protestado cuando se impidió su participación en el proceso de fijación de salarios.
La Comisión de Aplicación de Normas “manifestó su profunda preocupación por la gran cantidad de acusaciones” e instó al gobierno de Indonesia tomar medidas para que los trabajadores puedan participar libremente y que se condene a los responsables de la violencia.
Por otra parte, Ath Thorn de la CCAWDU, organización de Camboya afiliada a IndustriALL, informó sobre la violencia contra la dirigencia laboral, despidos ilegales de dirigentes sindicales, interferencia política, contratos a corto plazo, y discriminación contra trabajadoras embarazadas.
La Comisión decidió enviar una misión de contacto directo de la OIT a Camboya, Indonesia, Filipinas, Suazilandia, Kazajstán y Mauritania, para evaluar los progresos en relación con las conclusiones de la CAS.
Napoleón Gómez, Presidente del sindicato mexicano Los Mineros y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL, se dirigió a la Comisión de Aplicación de Normas sobre el uso generalizado de los contratos de protección entre sindicatos amarillos y empresas sin el consentimiento de los trabajadores, y también sobre la intimidación y las amenazas contra los sindicatos. Gómez hizo un llamado para que se establezca inmediatamente una versión final de la reforma de la legislación laboral, en base a las propuestas que se presentaron en abril de 2016.
El gobierno mexicano había llevado a la CIT una delegación de 70 representantes del gobierno, empresariales y sindicatos. Sin embargo, sólo uno de los representantes sindicales en la delegación provenía de un sindicato democrático.
La Comisión de Aplicación de Normas instó al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales, asegurando que “los sindicatos puedan ejercer su derecho a la libertad sindical en la práctica”.