27 noviembre, 2024La 29.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, concluyó con resultados decepcionantes, sobre todo para los trabajadores. No se abordaron las necesidades urgentes en materia de financiación climática y Transición Justa, lo que deja importantes lagunas en la forma de afrontar la crisis climática y sus repercusiones sociales.
En cuanto a la financiación climática, los países acordaron triplicar la financiación a los países en desarrollo, pasando del objetivo anterior de 100.000 millones de dólares anuales a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Aunque se trata de una mejora con respecto a las negociaciones anteriores, sigue estando muy lejos de los 1,3 billones de dólares que, según los expertos, se necesitan para hacer frente a la magnitud de la crisis. Una vez más, los países ricos evitaron destinar fondos públicos suficientes, lo que obliga a las naciones más pobres a recurrir a préstamos que agravarán su deuda. Esto deja a los países vulnerables atrapados en un ciclo de endeudamiento, en lugar de recibir el verdadero apoyo que necesitan para aumentar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático.
Para los trabajadores, la COP29 fue nada menos que una traición. El Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés), que debía crear vías para los trabajadores en la transición de las economías hacia modelos más ecológicos, no avanzó nada. No hubo compromisos de financiación ni acuerdos sobre la aplicación de políticas, lo que dejó desprotegidos y en peligro a los trabajadores de los sectores vulnerables y del sur global. La exclusión de los sindicatos de los debates críticos solo agravó esta injusticia, pues privó a los trabajadores de su voz en las decisiones que afectarán directamente sus medios de vida.
Los esfuerzos para acelerar la transición energética también se estancaron. Las propuestas para desarrollar el paquete energético de los Emiratos Árabes de la COP28, como triplicar la capacidad de energía renovable, eliminar gradualmente los combustibles fósiles y recortar las subvenciones a los combustibles fósiles, fueron bloqueadas. No hubo una hoja de ruta clara para mejorar el almacenamiento de energía o la infraestructura de la red, ni mecanismos para hacer un seguimiento de los avances hacia estos objetivos. Esta falta de actuación urgente y ambiciosa pone en peligro el objetivo de los 1,5 grados Celsius y retrasa el cambio global hacia sistemas energéticos sostenibles, lo que nos retrasa aún más en la lucha por salvar el planeta.
Aunque se han dado algunos pasos adelante en materia de adaptación, como la puesta en marcha de la Hoja de Ruta sobre Adaptación de Bakú y las pautas para el seguimiento de la resiliencia, los avances en los planes climáticos nacionales (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, CDN) se retrasaron hasta 2025. Estos nuevos planes climáticos deben abarcar todos los gases de efecto invernadero y todos los sectores, para mantener a nuestro alcance el límite de calentamiento de 1,5 °C.
Una vez más, los derechos humanos y las cuestiones de género se dejaron de lado en las negociaciones. El Programa de Trabajo de Lima sobre Género se prorrogó otros 10 años, pero sin nuevas medidas más contundentes para abordar la urgente necesidad de equidad y derechos humanos en la acción climática. Esta falta de innovación debilita la inclusividad y la eficacia de las políticas climáticas, lo que refuerza las desigualdades sistémicas que socavan el bienestar de las comunidades más marginadas.
“Para los sindicatos, la COP29 expuso varios fallos sistémicos. La exclusión de los trabajadores de las negociaciones ignora su papel vital en la acción climática. La negativa de los países ricos a cumplir con sus compromisos financieros erosiona la confianza y profundiza las desigualdades globales. La falta de avances en las políticas de Transición Justa deja a millones de trabajadores vulnerables a los impactos de una economía y un clima que cambian rápidamente”,
expresó Diana Junquera Curiel, directora del sector energético y de Transición Justa de IndustriALL.
“De cara a la COP30 de Brasil, está claro que la lucha por una acción climática justa y eficaz dista mucho de haber terminado. Los trabajadores no pueden ni deben quedarse atrás. Los sindicatos deben presionar más que nunca a favor de soluciones reales e integradoras que prioricen los derechos y las necesidades de los trabajadores. Esto significa exigir una financiación pública sustancial para el cambio climático que apoye a las naciones en desarrollo sin cargarlas con más deuda, y garantizar que los gobiernos apliquen políticas de Transición Justa que protejan a los trabajadores y los pongan en el centro de la acción climática”,
recalcó Diana Junquera Curiel.
Los resultados de la COP29 lo dejan claro: el mundo no avanza lo suficientemente rápido, ni de forma suficientemente inclusiva, para hacer frente al desafío climático. Los sindicatos deben seguir responsabilizando a los gobiernos y exigiendo una justicia climática que beneficie a todos y no solo a una minoría adinerada. Es hora de encontrar soluciones reales y centradas en las personas.