1 diciembre, 2016Francia ha dado un paso más para la promulgación de una ley que exija a las empresas mayor responsabilidad por las condiciones de trabajo y los riesgos ambientales en sus cadenas de suministro globales.
El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para exigir a las empresas francesas que empleen a más de 5.000 trabajadores la aplicación de un plan de vigilancia o diligencia debida para detectar los riesgos respecto a los derechos humanos y el medio ambiente como resultado de sus actividades, y las de sus filiales y proveedores.
El Artículo 1 del proyecto de ley dice que las empresas deben: “establecer un plan de vigilancia con medidas para detectar y prevenir riesgos de violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, lesiones corporales graves o daños al medio ambiente o riesgos para la salud derivados de sus actividades y las de las empresas que controlan, así como de las actividades de los subcontratistas o proveedores sobre los que ejercen una influencia decisiva.”
La legislación debe ser ahora aprobada por el Senado para convertirse en ley, que se aplicaría también a las empresas multinacionales que emplean a más de 10.000 trabajadores en Francia.
Como parte del plan de vigilancia, las empresas habrán de identificar y señalar zonas de riesgo, efectuar evaluaciones regulares de sus filiales, proveedores y subcontratistas, aplicar medidas para reducir riesgos, y establecer un mecanismo de alerta. Las empresas que no lo hagan podrían ser multadas con hasta 30 millones de euros, aunque la multa no excedería del 0,1 por ciento de la cifra de negocios anual de la empresa.
El texto también permite a las partes interesadas en la empresa, como los sindicatos o grupos de la sociedad civil, participar en la elaboración del plan de vigilancia.
La ley impone la obligación legal a las empresas en Francia, que afectaría a unas 150 de ellas, de asumir la responsabilidad de sus cadenas de suministro, en lugar de una mera obligación legal.
La ley es menos vigorosa que su proyecto original y no contiene fuertes disposiciones para que se haga justicia a las víctimas. Sin embargo, constituye un avance considerable al imponer a las empresas multinacionales obligaciones sobre los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro.
La secretaria general adjunta de la IndustriALL Jenny Holdcroft dijo:
“La Asamblea Nacional francesa ha dado un gran paso para imponer obligaciones a las empresas multinacionales sobre su responsabilidad con los derechos de los trabajadores de sus cadenas de suministro globales. Si bien la ley podría ir más lejos, es un hito importante en la mejora de la vida de millones de personas empleadas por empresas multinacionales, que con excesiva frecuencia perciben salarios de pobreza, con pocos derechos y trabajan en condiciones peligrosas.”