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27 julio, 2017Representantes de IndustriALL y de su afiliado en Colombia, SINTRAELECOL, se reunieron con autoridades del gobierno para solicitar que aseguren la continuidad laboral para los miles de trabajadores de ELECTRICARIBE
1.500 empleados directos y 7.300 tercerizados de la planta de ELECTRICARIBE no conocen su futuro laboral tras el proceso de liquidación de la empresa. La directora del sector de la energía de IndustriALL Global Union, Diana Junquera, le solicitó al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza Daza, el respeto a los derechos de los trabajadores.
Junquera también manifestó el total respaldo de IndustriALL a las acciones emprendidas por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (SINTRAELECOL), así como el firme apoyo a los empleados. Pidió su continuidad laboral, independientemente del destino que se defina con la compañía en liquidación.
El presidente SINTRAELECOL y miembro del Consejo Ejecutivo de IndustriALL, Pablo Santos, le recordó al superintendente Mendoza que existe el compromiso del Gobierno Colombiano en respetar los derechos de los trabajadores.
Mendoza anunció que el 25 de septiembre se definirá cuál es el procedimiento a seguir respecto al proceso de solución empresarial. En esa fecha, la entidad Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dará su recomendación final.
Por un lado, podría recomendar la liquidación de la compañía y que la próxima empresa que se haga cargo se quede con los trabajadores. Otra opción sería que venda los activos, y de este modo ELECTRICARIBE pase a manos de un tercero que decida lo que quiere hacer con esos trabajadores.
Además, el superintendente expresó que está de acuerdo en que se debe acatar plenamente la convención colectiva. También dijo que gestionará una reunión con el Agente Interventor, Javier Lastra, para que de forma tripartita encuentren soluciones que den tranquilidad a los trabajadores en medio de la crisis empresarial.
Finalmente, la directora Junquera evaluó los resultados de la reunión y expresó:
“Sabemos que la decisión final sobre el futuro de la empresa es del Agente Interventor. Sin embargo, está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos garantizar que se mantengan todos los puestos de trabajo, así como las condiciones laborales de los trabajadores”