22 enero, 2025Han pasado casi cuatro años desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021 en Myanmar. A medida que se deterioran las condiciones de trabajo y se generaliza el trabajo forzoso en las fábricas de ropa, la situación de los trabajadores birmanos es cada vez más grave.
En el sector de la confección, los empleados se ven obligados a trabajar horas extras sin remuneración ni prestaciones, así como a cumplir objetivos de producción desmedidos. Además, son frecuentes los retrasos en el pago de los salarios y la contratación ilícita de menores. Debido a que ya no pueden intervenir los sindicatos, abundan los malos tratos, como gritos y comentarios insultantes, y se recurre al ejército para sofocar las manifestaciones que puedan surgir ante la falta de pago de los salarios.
Según Myanmar Labour News, a los trabajadores de la fábrica de ropa Wonderful Apparel Co. se les pidió trabajar toda la noche por un salario de MMK 10.000 (USD 4,70) diarios. Al negarse a trabajar horas extras, 19 fueron despedidos de inmediato. Aunque las prestaciones sociales siguen descontándose de los salarios, los empleados no gozan de ningún tipo de beneficio de salud. Cuando 500 trabajadores de la fábrica Charis Sculpture se declararon en huelga para reclamar salarios decentes y el pago de las horas extras, 13 de ellos fueron despedidos y dos fueron agredidos frente a las instalaciones.
La Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) ha expresado su preocupación por las horas extras forzosas, y afirma que a los trabajadores de la confección se les asignan objetivos poco razonables y luego se los obliga a trabajar más tiempo, con la excusa de que no pueden rendir dentro del horario laboral normal. A menudo, los encargados de la fábrica les gritan y se niegan a organizar el transporte de vuelta para los que se nieguen a hacer horas extras. La CTUM afirma que desde el golpe de Estado los trabajadores han perdido sus derechos legítimos: se les descuentan los salarios si se toman vacaciones y pueden perder su empleo si se ausentan durante tres días.
La situación de los trabajadores de la confección en Myanmar presenta los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo forzoso: abuso de la vulnerabilidad, engaño, violencia física, intimidación y amenazas, retención de salarios y horas extras excesivas. La OIT ha suspendido la participación de la junta militar en las reuniones de los órganos rectores y ha cesado toda asistencia técnica. Además, ha incluido en el orden del día de la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en 2025, un punto relativo a las medidas previstas en el artículo 33 de la Constitución de la OIT para garantizar el cumplimiento por parte de Myanmar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
En noviembre del año pasado, IndustriALL GlobaI Union presentó quejas contra tres importantes marcas de ropa, Next, New Yorker y LPP, en los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la OCDE. A pesar de las pruebas contundentes de las continuas violaciones de los derechos laborales por parte de la junta militar de Myanmar, estas marcas siguen realizando pedidos en el país, con lo que se benefician de la erradicación de los derechos laborales y humanos.
“Las marcas que siguen operando en Myanmar se benefician de un entorno de miedo, trabajo forzoso y explotación. Se han presentado informes numerosos y exhaustivos de violaciones de los derechos laborales en el país, donde no existe la libertad sindical. La diligencia debida en materia de derechos humanos requiere la participación de los trabajadores y una verificación independiente, lo que es imposible bajo el régimen militar”,
declaró en ese entonces Atle Høie, el secretario general de IndustriALL.
Por otra parte, la junta militar ha aumentado la vigilancia de los trabajadores migrantes y está sacando provecho del dinero que tanto les cuesta ganar. El 5 de diciembre de 2024, el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar (GUN) emitió una declaración en la que hizo un llamamiento al gobierno tailandés para que no apoyara la opresión de los trabajadores de Myanmar en Tailandia. Según el GUN, la junta militar había pedido al gobierno de este país que le facilitara los datos personales y el pago de impuestos de los trabajadores migrantes de Myanmar, y las remesas debían transmitirse a bancos designados por la junta con tipos de cambio fijos, lo que duplicaría o triplicaría el costo de las remesas a expensas de los trabajadores migrantes.
La junta militar sigue bombardeando municipios y aldeas indiscriminadamente, causando una gran cantidad de muertos, una enorme destrucción y desplazamientos internos. Desde la aprobación de la ley de servicio militar obligatorio, el ejército está buscando y arrestando activamente a jóvenes para que se unan a la guerra civil. En noviembre de 2024, se publicó una directiva que permitía al ejército reclutar a trabajadores migrantes para el servicio militar a través de agencias de empleo.
“Por el bien de los millones de trabajadores de Myanmar, entre los cuales hay miembros de IndustriALL, que viven bajo la opresión de la junta militar, reiteramos nuestro llamado a las marcas internacionales para que retiren sus operaciones de Myanmar. Sus negocios están creciendo sobre la base del trabajo forzoso y la sangre de los trabajadores del país. Hay que defender los derechos laborales y restaurar la democracia en Myanmar”,
expresó Atle Høie, secretario general de IndustriALL.