14 febrero, 2013A raíz de los asesinatos de dos líderes sindicales en Colombia en 2001, Jaime Blanco, ex contratista de la empresa carbonífera con sede en Estados Unidos Drummond Co., fue declarado culpable de asesinato el 25 de enero de 2013 y condenado a cerca de 38 años de prisión.
El tribunal consideró que Blanco, que suministraba servicios de comidas para la mina de Drummond La Loma en el departamento septentrional de Cesar, había organizado con paramilitares de derechas el asesinato de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, líderes del sindicato de la mina. El asistente de Blanco, Jairo Charris, fue condenado en 2009 por el mismo plan de asesinato y condenado a 30 años.
El juez Castiblanco ordenó también a los fiscales que investigaran al presidente de Drummond y a tres ex empleados para determinar si podían ser también responsables, después de que varios testigos, entre ellos el hombre condenado, alegaran que directores superiores de Drummond habían ordenado los asesinatos.
Además, el juez admitió la solicitud de los familiares de las víctimas de pedir al Tribunal Supremo que investigara al ex asistente del fiscal Edgardo Maya por supuestamente no haber actuado para proteger a los sindicalistas en Cesar; Maya es hermanastro de Jaime Blanco.
Blanco, que tenía una concesión de servicios de comidas en la mina de Drummond, fue condenado a 37 años y 11 meses de prisión y a una multa de 369.000 $. El juez dijo que Blanco “se aprovechó de su cercanía a los comandantes de los paramilitares” para ayudarle a eliminar a Locarno y Orcasita, que representaban a los sindicalistas que se habían quejado de su servicio de comidas.
Hace tiempo que se sospecha de la participación de la dirección de Drummond en los asesinatos de Locarno y Orcasita y de otro sindicalista de La Loma, Gustavo Soler, que fue asesinado posteriormente, en 2001.
El International Labor Rights Forum (ILRF) de Estados Unidos y el sindicato United Steelworkers (USW) presentaron una demanda civil contra Drummond en marzo de 2002, en virtud del Alien Tort Statute (Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros) de 1789 en el tribunal federal de Birmingan, Alabama, donde tiene su sede la compañía. En Birmingham el jurado determinó que la compañía no era culpable en 2007.