19 julio, 2024Doce mujeres líderes sindicales del sector energético de cinco países de América Latina se reunieron esta semana en un evento de IndustriALL en Bogotá para presionar por planes de Transición energética justa que aborden el impacto en las mujeres.
Sin embargo, hubo una participante que brilló por su ausencia: La activista sindical y comunitaria colombiana Greyci Solano Pérez tuvo que ausentarse a último momento tras recibir amenazas de muerte y actos de intimidación creíbles. Ahora está presionando a la fiscalía para que la proteja, con el pleno apoyo de SINTRACARBON y de IndustriALL Global Union.
Greyci trabaja en Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, propiedad del gigante minero Glencore. Es miembro de la Asamblea Nacional de Delegados de SINTRACARBÓN, afiliado de IndustriALL en Colombia. También es presidenta de la junta de acción comunal del municipio, que se ve gravemente afectado por la mina.
Encabeza un grupo municipal que exige que los cánones mineros contribuyan a sacar de la pobreza a las comunidades locales y reclama la participación popular en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales. El grupo también encabeza las demandas para que Cerrejón ofrezca oportunidades de empleo a los jóvenes de la zona.
Esto no sienta bien ni a las opresivas autoridades municipales ni a los grupos armados que utilizan habitualmente la violencia para silenciar a cualquiera que se interponga en su camino.
Durante la reunión, Solano Pérez habló por videoconferencia y dijo: "Si permitimos que se haga un mal uso de los derechos de la mina mientras ésta sigue funcionando, será peor cuando llegue el momento de cerrarla. Es una catástrofe social en ciernes”.
Greyci tiene razón al estar preocupada. El historial de Glencore en el norte de Colombia es terrible. Cuando los precios del carbón cayeron en 2020, Glencore puso su cercana mina de Prodeco en fase de cuidado y mantenimiento, y más tarde la cerró sin poner en marcha un plan social adecuado.
El cierre de la mina dejó a miles de trabajadores sin empleo, no reparó la devastación medioambiental y convirtió a las comunidades locales en pueblos fantasma.
Las participantes en la reunión de Bogotá expresaron su plena solidaridad con Greyci Solano Pérez y reiteraron las exigencias de que la fiscalía investigue y tome todas las medidas necesarias para preservar su vida y su integridad