17 septiembre, 2018Desde la dictadura militar de 1964-1985, por primera vez se conocen en Brasil síntomas de retorno a tiempos oscuros de los gobiernos arbitrarios. Esta marcha atrás se ha registrado en un ambiente en que se ha intentado abusar del sistema legal y proteger a las élites corruptas que estuvieron detrás del golpe parlamentario y las acusaciones constitucionales contra la presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff, en 2016.
El 11 de septiembre, Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente de los trabajadores/as metalúrgicos y fundador del Partido de los Trabajadores, que fue elegido para el cargo máximo de presidente del país durante dos mandatos entre 2003 y 2011, se vio obligado a retirarse como candidato en las próximas elecciones, a pesar del gran apoyo popular que le daban las encuestas.
Las reformas que se introdujeron mientras Lula estuvo en el poder otorgaban acceso masivo a educación universitaria para los pobres, en tanto los programas de bienestar social Bolsa Família y Fome Zero ayudaban a erradicar el hambre y la pobreza extrema, dando esperanza para la gran mayoría de los brasileños pobres. Un aumento real del salario mínimo, en un 73% encima del nivel de la inflación, y un aumento salarial general impulsaban el crecimiento, creando más de 20 millones de empleos y reduciendo el desempleo a un mínimo histórico de 4,3%. Lula se convirtió en el símbolo de los trabajadores/as en Brasil, América Latina y el mundo entero.
El gobierno ilegítimo, que ya lleva dos años en el poder, destruyó la mayoría de estos logros, atacando los derechos de los trabajadores/as y produciendo caos económico. En la actualidad, el país tiene una tasa de desempleo de alrededor del 14%.
En agosto, después de estudiar el caso de Lula, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un panel de expertos independientes, solicitó al gobierno brasileño permitir que Lula ejerciera sus derechos políticos como candidato presidencial.
Actualmente, al acercarse la fecha de las elecciones del 7 de octubre, Lula, de 72 años, se halla en la cárcel pagando una sentencia por corrupción. Aunque el proceso de apelación aún no ha terminado, las autoridades le negaron a Lula su derecho a votar o ser elegido, lo cual viola la Constitución nacional y las normas internacionales.
Abogados internacionales consideran que esta condena fue una artimaña creada para obstruir la candidatura de Lula e impedir que se postulara para la reelección. Las encuestas indican que Lula cuenta con enorme apoyo del pueblo, a pesar de las acusaciones y la campaña de difamación en su contra.
Lula fue encarcelado en clara violación de los procedimientos legales. Sus teléfonos y los de sus abogados defensores fueron ilegalmente interceptados. La acusación fue emitida después de 23 audiencias, durante las cuales 70 testigos no ofrecieron evidencias condenatorias contra Lula.
Sin embargo, las fuerzas derechistas que se esconden detrás de la retórica de la soberanía nacional, y en violación de toda la legislación nacional e internacional, negaron justicia a Lula, incluyendo participación en las elecciones.
Con el fin de continuar la lucha por la causa de los trabajadores, el Partido de los Trabajadores anunció un nuevo candidato, Fernando Haddad. Gracias al apoyo público extendido por Lula, Haddad, académico y ex alcalde de la ciudad de São Paulo, ahora encabeza las encuestas preelectorales.
El movimiento sindical internacional, incluyendo IndustriALL Global Union y sus afiliados, ha manifestado su pleno apoyo a Lula y al pueblo de Brasil. En su reunión más reciente, realizada en el mes de mayo, el Comité Ejecutivo de IndustriALL aprobó una resolución especial de apoyo al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El resultado de las elecciones definirá el futuro del país: servir democráticamente al interés de su enorme población, o quedar en manos de las fuerzas de derecha que apoyan a una nueva oligarquía cuyo único objetivo será enriquecerse, cueste lo que cueste.