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25 febrero, 2022El 19 de febrero se cumplieron 16 años del homicidio industrial en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila en el Norte de México, donde murieron 65 mineros en una explosión en la mina, 63 permanecen sepultados en el fondo de la mina.
El Presidente de la afiliada de IndustriALL SNTMMSSRM (‘Los Mineros’), Napoleón Gómez Urrutia, señala que se trata de una tragedia que hubo podido evitarse y dijo:
“Fue un homicidio industrial, producto de la negligencia, la irresponsabilidad y corrupción de la empresa y de las autoridades del trabajo”.
En la época hubo denuncias de parte del comité mixto de seguridad e higiene sobre las fallas y la inseguridad, la empresa no hizo caso.
También hay que señalar que 40 de los 65 trabajadores que perdieron la vida eran contratistas, y que la industria minera suele tratar a los tercerizados como trabajadores de segunda categoría.
Dieciséis años después de la tragedia, los cuerpos de los mineros no han sido rescatados y la exigencia de rescate y justicia siguen vigentes.
El martes 15 de febrero del 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que iniciará la primera etapa del rescate de los restos de los mineros para poder entregarlos a sus familiares, uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta etapa se realizarán las obras de construcción de las lumbreras, tarea que se estima culmine en 14 meses. En la segunda etapa se construirán rampas de acceso y túneles de conexión, proceso que se extenderá durante 20 meses y la tercera y última etapa consiste en la excavación y búsqueda de los restos.
El 19 de febrero se celebró un evento conmemorativo para recordar a los 65 compañeros que perdieron la vida en la explosión.
Finalmente, el secretario regional de IndustriALL, Marino Vani, dijo:
“Nos solidarizamos con las familias de los compañeros y con el sindicato de los mineros, no nos olvidaremos de los caídos, seguiremos juntos con el Senador Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero apoyando la lucha por la implementación de leyes nacionales para fortalecer el poder de los sindicatos en la reglamentación de las condiciones seguras de trabajo y solicitando que el gobierno de México ratifique el Convenio 176 de la OIT lo antes posible para aumentar la seguridad y la salud en el trabajo en la industria minera”.